LA ECONOMÍA SUMERGIDA, UNA LACRA INSOPORTABLE.

SANCIONES AL FRAUDE
Cuando alguien, ante un presupuesto que le presenta la Empresa, nos dice: "Es que si me lo hace alguien sin contrato me sale más barato", no lo duden, están alimentando la lacra de la economía sumergida. Una empresa paga IGIC, los seguros de responsabilidad civil, la seguridad social de sus trabajadores, le retienen en la declaración de la renta..., y un largo etc. ¿Todo eso para qué? Para que los parados puedan tener una prestación de la Administración, para que los niños tenga educación gratuita y universal, para que tengamos todos las prestaciones sanitarias garantizadas..., y un largo etc. Si seguimos alimentando la economía sumergida, no sólo estaremos siendo injustos con los trabajadores, sino que no estaremos construyendo el Bien Común de nuestra sociedad.

Construcciones Cirilo Icod, SLU, quiere manifestar publicamente que la economía sumergida que soportamos es una lacra insoportable y una terrible injusticia social. Por eso, compartimos con todos el artículo de la La Opinión de Tenerife de 4 de octubre pasado:

"El 20% del Producto Interior Bruto (PIB) español, 205.000 millones de euros, escapa al control del fisco porque se mueve en dinero negro en la llamada economía sumergida. No hay país occidental desarrollado en el que el fraude adquiera una proporción semejante. La cantidad es escandalosa. Piénsese que España recaudó el año pasado, sumando el importe de todos los tributos devengados (el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades) y los gravámenes especiales al alcohol y al tabaco, 150.160 millones de euros. El cierre de este ejercicio, con certeza, aún presentará peor balance. En tiempo de crisis, además de luchar contra el déficit, la deuda, el paro y el estancamiento también hay que mentalizar al contribuyente.

Si la economía española ya tenía serias dificultades para mantenerse a flote, la interminable recesión ha acabado por sumergirla del todo, en el sentido literal y metafórico del término: porque no es capaz de levantar cabeza y porque ha multiplicado la actividad "en negro" hasta extremos insospechados. En la albañilería, en las reparaciones del automóvil, en el hogar, proliferan los chollistas como nunca. Y también los defraudadores. ¿A quién en los últimos meses no le han ofrecido pagar una factura sin IGIC?

Cuando en enero el entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó que la caja b nacional mueve una cantidad entre el 16% y el 20% del PIB oficial, hasta un hombre tan discreto como José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, discrepó: "es excesivamente osado". Los estudios posteriores de distintos gabinetes, españoles y extranjeros, el último esta semana, no sólo dan la razón a Corbacho sino que sitúan el monto del fraude en el umbral máximo de la franja.

Tratándose de actuaciones de naturaleza ilícita es complicado establecer con certeza su cuantía. Pero los indicios alarman. Hay un millón de trabajadores que aseguran estar ocupados, según la Encuesta de Población Activa, y no aparecen registrados en la Seguridad Social. La acentuada caída en la recaudación de impuestos, hasta del 30%, no guarda proporción con la merma de la actividad o del consumo. Cada vez más trabajadores precarios aceptan mantener su puesto aunque el empleador no cotice por ellos, especialmente entre el colectivo inmigrante, uno de los más castigados por el paro y cuyos integrantes no retornan porque siguen flotando en ese limbo. España es el país europeo en donde más billetes de 500 euros circulan. Pocos los ven, pero suponen el 70% del dinero que se mueve en efectivo, otra pista irrefutable de conductas opacas.

A ver quién explica el sorprendente reparto de nutrientes del tesoro público sin recurrir a una gigantesca y arraigada bolsa de fraude. Nadie en sus cabales se puede creer que empresarios, autónomos y profesionales liberales tributen a Hacienda por unos ingresos de 873 euros de media al mes cuando trabajadores y jubilados declaran un sueldo de 1.600 euros. Los asalariados, que no tienen escapatoria, y unas pocas sociedades, las mayores, aportan el 70% de los recursos al Estado. Eso ocurre hoy, aquí.


Los técnicos de Hacienda consideran factible, con una estrategia adecuada, aflorar 90.000 millones de euros negros y recaudar, vía impuestos, otros 21.000 millones. Sólo eso bastaría para eludir con holgura la bajada de salario a los funcionarios, la congelación de pensiones, la supresión del cheque-bebé y el recorte de inversiones en Fomento, las medidas más impopulares del ajuste. Ahora la economía sumergida va a ser sometida estrictamente a persecución policial: una unidad especial, dependiente del todopoderoso Rubalcaba, colocará a agentes del orden junto a los inspectores laborales y fiscales.

En esta batalla casi más importante que la coacción es la concienciación. Tan fructífera como la persecución resulta la pedagogía. Cada vez que este asunto se aborda en España choca con una barrera cultural. Existe aversión a rendir cuentas al fisco. El país del Lazarillo admira al escamoteador y toma al cumplidor por pardillo. Dictan los sondeos que cada vez más contribuyentes justifican el fraude, especialmente en periodos de recesión. La proliferación de políticos manirrotos no cuela como excusa del desapego y del desentendimiento.

Cualquier sociedad moderna debe asumir lo imprescindible de una fiscalidad justa y soportable. No se trata de pagar más, sino de pagar todos, con un sistema sencillo pero universal. A más cotizantes, menos esfuerzo de cada uno. Como las crisis sirven para reinventarse, hay que romper viejos atavismos educando a la ciudadanía en la importancia y necesidad de pagar impuestos. Los países que siguieron a Lutero y a Calvino llevan la delantera. El protestantismo infundió ascetismo, trabajo y ahorro como vías para llegar a Dios. Lo advirtió Max Weber en sus ensayos sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo: esas reformas religiosas enseñaron que no hay que luchar contra el lucro racional sino contra el uso irracional de la riqueza; no hay que gastar inútilmente, sino invertir en fines productivos.

Cuando el general Marshall, secretario de Estado de EEUU, ofreció a Alemania subvenciones con las que alimentar, vestir y calzar a un país arrasado tras la guerra, el presidente Adenauer le replicó categórico: "Para eso no me mande un céntimo. Para industrias, carreteras y centrales eléctricas, lo que quiera". Un poco de esta claridad y determinación necesita importar España, un poco de ese calvinismo social que coloca la honradez como valor supremo, para sobreponerse a tanto desconcierto."

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